Este artículo bien podría llamarse "el divorcio amistoso que nos merecemos y nunca llega", pero quizá primero habría que poner en contexto a aquellas personas ajenas a nuestro problema territorial. León y Castilla son dos de las regiones más importantes de la historia de nuestro país, tal es así que parte del escudo de España (y de muchos otros lugares) se representa con un león y un castillo. Pero un día llegó la constitución de 1978 y con ella un plan para organizar España en comunidades autónomas, ¿y a que no sabéis qué dos regiones históricas no se respetaron en ese momento? Exacto, León y Castilla. Los mapas de aquella época inmediatamente anterior a la creación de las comunidades autónomas establecían que Castilla La Vieja estaba formada por las provincias de Ávila, Segovia, Valladolid, Soria, Palencia, Burgos, La Rioja y Cantabria, mientras que la Región Leonesa estaba compuesta por León, Zamora y Salamanca.
Lo que sucedió después ya es de sobra conocido, Cantabria y La Rioja obtuvieron una autonomía uniprovincial, y el resto de Castilla La Vieja se juntó con la Región Leonesa en una macro comunidad de nueve provincias y una superficie de 94.224km2 (casi un 20% del territorio de España). Este proceso tuvo críticas muy duras de provincias como Segovia, que luchó por su propia autonomía independiente, y sobre todo de la sociedad leonesa que salió en masa a las calles reivindicando la autonomía que a día de hoy miles de leonesas y leoneses siguen reclamando. El estatuto de autonomía de Castilla y León establece que esta nuestra comunidad no tiene capital, pero Valladolid lo es de facto al albergar las sedes más importantes como las cortes (exceptuando casos muy puntuales como la sede en Burgos del Tribunal Superior de Justicia). Este hecho ha supuesto que la ciudad pucelana salga beneficiada en detrimento de las demás gracias a la política excesivamente centralista de esta entidad, y a la partida presupuestaria no provincializada que recae mayoritariamente en Valladolid al albergar las sedes más importantes de la Junta.
Ahora bien, no seré yo quien alimente a las partes de una guerra constante que no es capaz de identificar los problemas y los culpables de que tanto León, como el resto de provincias, estemos en una situación socioeconómica tan alarmante. Yo personalmente estoy a favor de la autonomía del País Leonés por muchas razones que van más allá del sentimentalismo o la historia feudal. Considero que necesitamos mayor autonomía para gestionar nuestro propio territorio, y darle a nuestros pueblos y comarcas la importancia que merecen. Pero no caigamos en mensajes simplones y engaños populistas, los problemas de León y el hecho de no tener aún una autonomía propia no son culpa de Castilla ni lo han sido jamás. ¿Acaso una vecina de Soria es la responsable de la despoblación de las comarcas de Zamora? ¿Es un ciudadano de Medina de Rioseco quien nos impide alcanzar la autonomía?
A veces se nos olvida que, a pesar de ser cierto que las provincias del País Leonés padecen en mayor medida que algunas castellanas, la identidad del pueblo vecino también lleva años siendo borrada y mancillada por el nacionalismo español. Es la política centralista y nuestros políticos sucursalistas, de todas las provincias, quienes no solo nos impiden crecer y ser autónomos si no que se empeñan en hundirnos cada vez más. León y Castilla deberían unirse por un objetivo común, divorciarse amistosamente y luchar por sus propios intereses sin pisarse el uno al otro, respetando su voluntad y soberanía, y llegando a acuerdos cuando sea necesario por el bien de ambas. León nunca será Castilla y Castilla jamás será León, pero es importante entender que tenemos enemigos comunes que jamás van a permitir que seamos libres y soberanos.
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